Dentro de las medidas remitidas a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una que llama la atención, más todavía si estamos en plena campaña fiscal, es la propuesta para eliminar la opción de tributación conjunta. No sería de un día para otro, sino que se haría de forma paulatina, reduciendo los supuestos para que cada vez menos gente se acoja a dicha norma o no sea rentable hacerlo.
El Gobierno piensa que esta opción de tributación desincentiva la entrada o participación en el mercado laboral del segundo perceptor, que mayoritariamente son mujeres. ¿A quién perjudica? Pues sobre todo a familias donde la mayor parte de los ingresos los aporta uno de los cónyuges, pero sobre todo porque suele salir más rentable tributar bajo esta modalidad que los dos de forma individual.
Dicho de otro modo, supondría una subida de impuestos para aquellos que se acogen a esta fórmula. Solo basta con ver lo que tocaría ingresar o que nos devuelvan en la comparativa entre conjunta e individual al hacer la declaración. Es cierto que es una modalidad de declaración que va a la baja en los últimos años. La Agencia Tributaria prevé recibir en la campaña de la renta de 2020 casi 3,5 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos que el año anterior.
La reducción en la base imponible del IRPF por tributación conjunta asciende, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, a 3.400 euros, y en las monoparentales, a 2.150 euros. Son las familias más acomodadas, las clases medias las que pueden permitirse que uno de sus miembros no trabaje.
Por el contrario en las familias donde los salarios son menores es muy complicado que no sean los dos integrantes los que aporten ingresos. Lo malo de esta cuestión es que también se pueden ver afectados, sobre todo si uno de ellos tiene un trabajo temporal, solo trabaja una parte del año de forma habitual.
Y peor será en el caso de que uno de los miembros no trabaje porque simplemente se ve obligado a cuidar de un familiar mayor, dependiente en muchos casos, hijos con minusvalías que necesiten más atención y apoyo. Ellos también sufrirían una subida de impuesto, precisamente cuando se han visto obligados en muchos casos a dejar de trabajar por la falta de ayudas de la propia administración.