La campaña electoral sigue estando en primera plana de la política nacional. A escasos días de las elecciones generales, los partidos políticos ultiman esfuerzos para llegar bien colocados a la cita más importante del año desde el punto de vista político. Y los autónomos siguen siendo un filón para las principales formaciones, que siguen realizando promesas que aunque son populares, no siempre son aplicables.
En una reciente entrevista de Autónomos y Emprendedores a Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos a presidente del Gobierno ha prometido que los autónomos no tengan que pagar el IVA por facturas que no hayan cobrado. Técnicamente, a lo largo de estos años esto ha implicado implementar el IVA de caja, una medida que desde 2014 es posible y que, sin embargo, ha sido un auténtico fracaso.
De hecho, menos del 1% del total de las pymes y autónomos se han acogido a esta medida. En su momento, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y el Ministerio de Hacienda que en aquel momento estaba comandado por Montoro vendió a bombo y platillo que su aplicación práctica supondría el fin de los problemas de morosidad en las pymes. Sin embargo, el fracaso de este modelo ha sido tan palpable que incluso fue reconocido por el propio titular de la cartera de Hacienda.
Una de las razones estriba en que los clientes, especialmente las grandes empresas, no quieren hacer negocios con empresas que se hayan acogido al IVA de caja porque tampoco pueden deducirse el IVA soportado en el momento del devengo. Ni siquiera ha servido para mejorar la morosidad de las Administraciones Públicas, la mayoría de las cuales siguen incumpliendo de forma sistemática la ley de morosidad.
¿Cuál es la propuesta alternativa?
Sin embargo, la propuesta de Albert Rivera es independiente de cualquier régimen de IVA. En concreto, consiste en que todos los autónomos puedan solicitar el aplazamiento del pago del IVA de facturas que tengan sin cobrar y, si el impago supera los 60 días, podrán solicitar la inversión del sujeto pasivo por el IVA de esas facturas impagadas, de modo que a partir de ese momento Hacienda pase a exigir ese IVA al deudor moroso.
Dicho de otro modo, Hacienda podrá pasar a reclamar el IVA pendiente a la empresa deudora si el impago supera los 60 días, y esto ya son palabras mayores. La Agencia Tributaria puede imponer sanciones a los sujetos pasivos incumplidores del mismo modo que lo haría si el sujeto pasivo fuese la empresa proveedora.
Queda por ver qué ocurriría con el IVA abonado de manera trimestral por la empresa suministradora del servicio. Se entiende que la Agencia Tributaria procederá a su devolución y este se reclamará al nuevo sujeto pasivo. Por el momento, es una propuesta prometedora que puede reducir la morosidad en las pymes. Ya veremos.
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