Uno de los mayores obstáculos en las relaciones comerciales entre empresas de la UE es la gestión de los diferentes IVAs que se aplican en los países comunitarios. Por eso, entre las medidas de unificación entre los países que forman parte de la Unión, se ha puesto en marcha un proyecto de armonización de la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este proyecto pretende simplificar los trámites administrativos y mejorar los intercambios comerciales, creando un modelo único de IVA regulado por la Comisión Europea.
Se prevé que el modelo esté listo a partir del tercer trimestre de 2013, aunque su uso será facultativo. Estará disponible en todas las lenguas comunitarias. Según los informes elaborados por la UE, el pago de impuestos y los informes requeridos a las empresas, como puede ser la elaboración de las cuentas anuales, son grandes obstáculos que generan reticencia a las empresas no comunitarias a la hora de invertir.
La Comisión Europea se plantea también una revisión de la estructura tarifaria del IVA. Actualmente existen tres tipos de IVA, el general, el reducido y el super reducido. Esta escala se utiliza en todos los estados comunitarios, aunque luego cada país ha fijado sus tipos y su aplicación a los servicios y a los distintos bienes de consumo. Esto supone que algunos artículos considerados básicos, como son los medicamentos o los alimentos frescos como los huevos tienen un gravamen menor que otros considerados de menor necesidad.
La Comisión estima que los ingresos que se obtienen de la recaudación del impuesto son el 55% de los que se obtendrían si todos los productos de consumo final estuvieran gravados al tipo general. En nuestro país, significaría gravar todo al 21%, lo que supondría un incremento de 17 puntos para los productos gravados con el tipo súper reducido del 4% y 11 puntos para los gravados con el tipo reducido del 10%. En realidad, el impacto para el consumidor sería mucho mayor de lo que ha sido el incremento del tipo reducido del 7% al 10% y del general del 18% al 21%.
Un tercer objetivo se centra en el debatido criterio de caja para las pequeñas empresas con una facturación inferior a dos millones al año, que el gobierno español ha intentado ofrecer sin éxito. Esto ofrecería a las empresas un gran alivio económico, al no tener que pagar el IVA hasta que lo hayan cobrado al cliente.
Sin embargo, la posibilidad de que esta medida llegue a realizarse es difícil en un futuro próximo, al menos en nuestro país, puesto que supondría un gran esfuerzo por parte de la Agencia Tributaria para evitar que lo que se ofrece como una ventaja, se convierta en un agujero negro generador de fraude.
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