Como comentamos en el post anterior, si finalizado el plazo pertinente marcado en la providencia de apremio no se paga la deuda tributaria, el Jefe de la Dependencia de Unidad Administrativa de Recaudación dictará una Providencia de Embargo de los bienes del deudor para proceder al cobro de las cantidades correpondientes a la deuda, recargos, intereses y costas.
El procedimiento de embargo está regulado por los artículos 131 de la Ley General Tributaria y el 112 del Reglamento de Recaudación que determina los bienes embargables y el orden en el que se efectuarán los embargos y los bienes inembargables.
Según la normativa el embargo de bienes se llevará a cabo en el orden siguiente:
1) Dinero en efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. 2) Céditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo. 3) Sueldos, salarios y pensiones. 4) Bienes inmuebles. 5) Establecimientos mercantiles o industriales. 6) Metales preciosos. 7) Rentas. 8) Bienes muebles. 9) Créditos realizables a largo plazo.
Son inembargables aquellos bienes así considerados por las leyes procesales y otras. La Ley de Enjuiciamiento Civil determina que son inembargables los biene muebles indispensables para el ejercicio de profesión, arte u oficio del deudor. También será inembargable el salario, sueldo o pensión que no exceda el salario mínimo interprofesional.
Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, teniendo conocimiento del embargo, colaboren o consientan en el embargo de los mismos, serán responsables solidarios de la deuda.
Cuando por causa de una deuda tributaria un cliente del deudor recibe una notificación de embargo de créditos está obligado a ingresar en la Agencia Tributaria las cantidades pendientes de abonar por las facturas pendientes para evitar esa responsabilidad solidaria.
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