Hoy podemos leer en Cotizalia una noticia que bien podría escandalizar a muchas personas: la reforma fiscal del Gobierno eliminará la deducción del 50% del importe del cobro de dividendos por parte de las sociedades que lo hagan, salvo para aquellas que controlen más del 5% del capital de la sociedad que reparte el dividendo o hayan invertido más de 30 millones de euros en ella.
Una medida que constituye un verdadero agravio comparativo entre pequeñas y grandes sociedades, puesto que la premisa de partida para beneficiarse de la deducción está reservado casi en exclusiva a grandes empresas y otros vehículos de inversión.
Este prejuicio es especialmente notable para aquellas sociedades dedicadas a invertir en bolsa de aquellos ahorradores sin patrimonio suficiente para constituir una sicav (cuantía que asciende a 2,4 millones de euros), que seguirán sin tributar por estos ingresos en tanto en cuanto no rescate su dinero, en cuyo caso lo pagaría el partícipe del fondo.
Un beneficio fiscal que les alejará aún más de las sociedades limitadas que, en principio, están al alcance de cualquier persona y que, con la modificación, perderá todo su atractivo, especialmente aquellas estructuras empresariales con participaciones cruzadas.
Los mensajes del Gobierno en torno a la recuperación económica son muy esperanzadores, sobre todo en aquellos temas que más preocupan a los ciudadanos, como el desempleo. Sin embargo, medidas de este tipo hacen pensar, de nuevo, que la recuperación, llevada a cabo mayoritariamente por las empresas y los ciudadanos, se produce a pesar de los sistemáticos castigos fiscales a personas físicas y jurídicas (especialmente pymes). Es decir, a pesar del Gobierno.
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