Además de los controles relacionados con los contribuyentes con mayor riesgo fiscal y la lucha contra la economía sumergida, el Plan de Control Tributario de 2011 contempla otra serie de medidas para la comprobación e investigación del fraude fiscal. Estas medidas cubren varios frentes, uno de ellos será la lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva con lo que se prentende detectar actuaciones de ingeniería o planificación fiscal que busquen la ocultación o minoración indebida de la tributación.
Se perseguirá la deslocalización artificial de rentas, patrimonios o la falsa residencia del contribuyente fuera del territorio de actuación de la Agencia Tributaria para tributar las rentas o bienes patrimoniales de forma ficticia, situándolos el contribuyente en países o territorios de baja tributación. Se pretende detectar activos, depósitos y, en general, productos financieros fuera de nuestras fronteras pero cuya titularidad real corresponde a residentes en España.
Dentro de la fiscalidad internacional se potenciará el control de los precios de transferencia y de las operaciones entre empresas vinculadas en tres grandes áreas de riesgo: las operaciones de reestructuración empresarial, en las que se aprecie falta de correlación entre la sustancia económica de la operación y la forma adoptada o la realización de valoraciones abusivas; las operaciones con intangibles, con especial atención a su valoración y, finalmente, se vigilará el tratamiento de las pérdidas derivadas de la crisis para evitar estrategias de compensación.
Se continuarán con las actuaciones de control de operaciones en la construcción y promoción inmobiliaria, con el objeto de verificar la adecuada tributación de dichas operaciones y con la comprobación de las transmisiones de inmuebles con la finalidad de detectar posibles rentas no declaradas.
Se llevarán a cabo actuaciones de control censal especialmente en los principales centros industriales y zonas comerciales donde se puedan estar realizando actividades económicas no declaradas. Se consolidará el censo único compartido con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y se impulsarán los intercambios de información entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias autonómicas y con las entidades locales.
Se procederá a la comprobación de grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, haciendo especial hincapié sobre las operaciones más específicas a las que da lugar la aplicación del régimen de grupos fiscales consolidados en el Impuesto sobre Sociedades y el de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como al análisis de laws compensaciones de bases imponibles negativas, tanto del propio grupo como las individuales anteriores a la incorporación al mismo.
Se mantendrán las actuaciones de prevención del fraude en referencia al Registro de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devolución Mensual, realizando un seguimiento de los operadores inscritos en ellos con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos para la permanencia en dichos registros.
Se hará un especial seguimiento de las solicitudes de devolución o compensación para lo que se implantará un nuevo modelo de control con mejora de los sistemas de calificación y cuantificación del riesgo fiscal. Lo mismo con el control de las exenciones y de beneficios fiscales, para lo que se desarrollarán actuaciones sobre los contribuyentes que reduzcan indebidamente sus bases o cuotas tributarias aplicando de forma incorrecta bonificaciones, reducciones, deducciones o exenciones.
Se centrará la atención en las adquisiciones de medios de transporte que pongan de relieve una alta capacidad adquisitiva y cuyos adquirentes traten de eludir indebidamente la tributación mediante la afectación ficticia del medio de transporte a una actividad empresarial, especialmente en los casos de exenciones declaradas en embarcaciones de recreo, aeronaves y vehículos terrestres por destinarse a arrendamiento.
Se analizará el cumplimiento correcto de la normativa de retenciones mediante la comprobación del efectivo ingreso de las cantidades retenidas, la verificación de la coherencia entre las retenciones ingresadas y la información aportada por los retenedores, y el análisis de las discrepancias entre el importe declarado por los contribuyentes que soportan retenciones y los importes declarados e ingresados por los retenedores.
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