Todos tenemos claro que una mayor utilización de la tarjeta o medios electrónicos en los pagos es sinónimo de menos economía sumergida. Por eso quizás se busca bajar los límites a los pagos que se pueden hacer en efectivo, próximamente a 1.000 euros, para tratar de reducir el peso de este tipo de fraude fiscal. Pero el problema de la economía sumergida no es el pago en efectivo, es vender sin emitir factura.
No importa que algo me vaya a costar 3.000 euros y lo voy a pagar en efectivo si luego realmente no se factura. Por ejemplo un trabajo de reparación en casa, una comida familiar, un electrodoméstico o un café. ¿Cuántos piden la factura por ese café del desayuno? ¿Y del bocadillo? Y es aquí donde realmente reside el problema.
En algunos casos es el consumidor el que busca la complicidad con la empresa que le vende un bien o le presta un servicio para que, al pagar en B, ahorrarse el IVA. De esta forma tiene una rebaja del 21%, y para el empresario un beneficio sobre el que no tiene que tributar. Ambos salen ganando con esta fórmula.
En otros casos ni siquiera son conscientes, puesto que hemos desayunado en un bar, nos han cobrado lo que hemos consumido, pero eso no se factura. Y cuidado, que aquí si nos han cobrado ese IVA que viene añadido por defecto en los precios de venta al público en la mayoría de los locales.
Se trata de cantidades en muchos casos muy pequeñas, pero que, por un lado suponen un goteo constante, y por otro culturalmente está muy extendido en la mentalidad de muchos negocios, profesionales y consumidores. Aquí todos somos responsables. Si de verdad lo que se busca es acabar con la economía sumergida es por aquí por donde hay que ir cerrando ese goteo.
Lo que ocurre es que no es fácil y no va a ser de un día para otro. No basta con una medida por real decreto para intentar solventarlo. Porque simplemente muchos lo hacen y se justifican aduciendo que ya pagan demasiados impuestos, que el dinero que pagan luego no se utiliza bien o que los políticos que lo administran lo malgastan con sus mamandurrias, que diría Esperanza Aguirre.
En definitiva sienten que hacen un gran esfuerzo fiscal y a cambio reciben poco. Y cambiar esto no es fácil. Y no se puede controlar lo que no existe. Es aquí donde entrarían las medidas de sanción para ese software de contabilidad B, aunque en muchos casos ni siquiera lo utilizan.