El Gobierno remitió ayer al Parlamento el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, un instrumento pensado para reforzar la protección de la información empresarial no divulgada. De esta forma se ajusta a la Directiva (UE) 2016/943 (PDF) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales.
La confidencialidad es una herramienta necesaria para las empresas no solo en el trato con sus clientes. También a la hora de proteger sus conocimientos técnicos, planes comerciales o estrategias de mercado a seguir. No debemos pensar que se trata solo de proteger innovaciones o patentes, que también.
En el Proyecto de Ley se detallan las conductas que ahora son constitutivas de delito por violación de secretos profesionales, así como las circunstancias en las que se consideran prácticas lícitas ante las que no procede la aplicación de dicha ley. Ahora habrá que pensarse dos veces eso de abandonar la empresa con la base de datos de los clientes debajo del brazo.
Las empresas cada vez se encuentran más expuestas en un entorno globalizado a las prácticas desleales, donde la apropiación de información, la copia no autorizada o la transmisión de información cada vez es más sencillo. Y sin embargo el método más habitual para sacar información de la empresa sigue siendo la fotocopiadora.
Esto por no contar con los errores u omisiones, donde la información se guarda en una memoria externa que luego se pierde, en un disco duro virtual que el empleado sigue teniendo una vez que deja de trabajar en dicha empresa, etc. Las malas prácticas están a la orden del día en muchas organizaciones. Quizás tendrían que empezar por ahí antes de demandar a posibles ladrones digitales.
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