Sin duda es la gran novedad del año. La aprobación mediante Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (publicado en el B.O.E el 12/07/2007 y que entró en vigor el 12 de octubre) marca un hito en la regulación de los trabajadores autónomos en España, al otorgarles una carta de naturaleza de la que hasta ahora carecían. ¿Y por qué esta ley? En la exposición de motivos de la misma podemos identificar algunas claves.
Por un lado, nos encontramos con la indudable evolución de esta figura a lo largo de las últimas décadas. La concepción del autónomo como una persona dedicada a actividades económicas "residuales" (pequeño comercio, artesano, agricultor, profesional independiente) frente al trabajador por cuenta ajena que impregnaba la legislación vigente hasta ahora se había tornado insuficiente para dar cobertura a una realidad en la que los autónomos desarrollan una actividad económica cada vez más relevante, tanto en número de personas sujetas a este régimen como en volumen de actividad relacionada con cada uno de ellos. Por otra parte, la legislación española que regulaba el trabajo autónomo se encontraba dispersa a lo largo de distintas normativas (algo común en las legislaciones de nuestro entorno, derivado de la propia evolución de esta figura en la sociedad). Ante la creciente importancia de los autónomos, empezaba a ser imprescindible contar con un cuerpo legal unificado que permitiese un marco uniforme y coherente.
Finalmente, se adivina en la ley una apuesta firme y decidida por la figura del autónomo como elemento dinamizador de la economía. Así, este nuevo estatuto sirve como herramienta de fomento de esta figura, buscando facilitar el devenir económico de los autónomos y reforzar su protección, dándole así la importancia que merece e incentivando que sea ésta la fórmula elegida por cada vez más personas para desarrollar su actividad económica.
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