Ya hemos hablado en varias ocasiones la poca efectividad de la Ley contra la Morosidad, especialmente por los incumplimientos de los plazos de pago de las Administraciones Públicas y las grandes empresas. Ayer Expansión publicó una noticia que supone la primera denuncia por incumplimiento de la Ley de la Morosidad hacia una gran empresa.
La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda judicial contra Ferrovial por incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Según Anefa, la constructora impone abonar sus facturas en un plazo superior a los 120 días que establecía la Ley de Morosidad para 2010 y 2011, llegando incluso a realizar concursos en los que el plazo de pago al proveedor se establece en 180 días.
Ya comenté que el éxito de esta Ley dependía de que las grandes empresas asumieran su cumplimiento y fueran las primeras, junto con el Estado, en respetar los plazos de pago que ésta marcaba. El tiempo transcurrido desde su aprobación hasta ahora ha demostrado que ese grado de copromiso no es ni mucho menos mayoritario en estos casos.
Mientras tanto las pymes, con menos liquidez, menos posibilidades económicas y financieras y menos poder de presión, sí aplicaban los plazos que la Ley marcaba para realizar sus pagos. La combinación de ambos factores ha contribuido a un mayor ahogamiento de las pequeñas empresas, justo rtodo lo contrario de lo que pretendía la Ley.
Ahora, esta primera denuncia pretende reclamar lo que la legislación estipula para estos casos y así obligar a la gran empresa a pagar en el plazo máximo de 120 días y no en el que ella quiera imponer a sus proveedores, empresas de mucho menor tamaño. Pero esta denuncia también puede servir de ejemplo y provocar que se presenten otras denuncias en todos aquellos casos en los que este incumplimiento se está poniendo de manifiesto.
Ahora sólo falta que también se denuncien estos hechos cuando se cometen por las Administraciones (locales, autonómicas o estatales) y conseguir de este modo que todos, grandes empresas y órganos públicos, dejen de utilizar su posición dominante sobre los pequeños y cumplan la Ley, en beneficio de todos.
En Pymes y Autónomos | Las grandes empresas incumplen los plazos de pago mucho más que las pymes
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