Muchas veces las administraciones públicas tienen ciertos criterios en lo que respecta a normativas, tributos, etc. con las que muchas empresas no están de acuerdo en lo que respecta a su interpretación. En este sentido el autónomo sería la empresa más pequeña que existe, y aunque existan las garantías legales para hacerlo, nos preguntamos si puede un autónomo pleitear contra la Administración.
No se trata ya sólo de tener los recursos económicos para hacerlo, el coste que puede tener un proceso judicial, donde muchas veces se va a recurrir una sentencia en varias ocasiones, por lo que el proceso puede prolongarse durante varios años. También necesitan la presencia de ánimo necesaria para afrontar tener a la Administración de turno mirando con lupa todo aquello que estamos haciendo.
También va a suponer un desgaste personal que nos va a restar energía y tiempo que tendríamos que dedicar a nuestra actividad profesional o a nuestro negocio. Acabamos por dedicar más tiempo a pelear que a hacer nuestra actividad rentable y al final acaba por agotar nuestra energía.
Por eso muchas veces aunque no se esté de acuerdo con el criterio seguido por la Administración en un aspecto concreto se acaba por acatar a regañadientes para no perder más tiempo. Es una decisión que muchas veces implica que vamos a pagar más dinero del que nos correspondería a la Agencia Tributaria, que tenemos que acogernos a una norma municipal con la que no estamos de acuerdo o modificar nuestro negocio porque así lo requiere la administración autonómica competente.
Lo peor de todo es que ni siquiera las asociaciones de Autónomos o profesionales luchan por cambiar en los tribunales estos criterios muchas veces abusivos de las administraciones. Aquí se echa en falta mucha mayor unidad de los autónomos para luchar por sus derechos de forma conjunta, algo que no ocurre en la mayoría de los casos.
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Imagen | RyanMcGuire