El Ministerio de Trabajo e Inmigración informó que el fraude contra la Seguridad Social detectado en 2009 ascendió a más de 88 millones de euros, y las personas detenidas o imputadas por estos delitos fueron 599. El año pasado se realizaron 609 investigaciones, que afectaron a 815 personas jurídicas y a más de 1.635 personas físicas.
El Departamento dirigido por Celestino Corbacho manifesó que en 2009 se produjo una caída superior al 53%, en las irregularidades de afiliación al sistema cometidas por ciudadanos extranjeros, tanto en lo concerniente a la falsificación de documentos como a la usurpación del estado civil. Por otro lado, el año pasado no se detectaron irregularidades en el ámbito de la formación continua gracias, según Trabajo, a las investigaciones y actuaciones policiales efectuadas en ejercicios anteriores.
Todas estas actuaciones se llevan a cabo a requirimiento de las distintas entidades de la Seguridad Social, a raíz de infracciones detectadas en los controles habituales o bien en colaboración con otras unidades policiales sobre denuncias recibidas y con autoridades judiciales.
La mayor parte de estos casos tienen que ver con empresas que incumplen la obligación de cotizar o que tratan de ocultar la verdadera titularidad de las sociedades, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como un delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.
También son frecuentes los delitos cometidos por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por no cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma trasladando los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros y dejando en situación de insolvencia a la deudora.
Se encuentran en este caso, también, aquellas personas físicas que incumplen igualmente, la obligación de cotizar, cuando se ha iniciado el procedimiento de apremio, y venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.
Otras actuaciones tienen que ver con la falsificación de documentos de cotización cometidas por responsables de empresas, que actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado. También se falsifican documentos relacionados con los trabajadores simulando una relación laboral inexistente para obtener prestaciones, subsidios u otros beneficios y, en otros casos, ciudadanos extranjeros ilegales para realizar una actividad laboral cuando carecen del permiso de trabajo.
A través de estas actuaciones, Trabajo estima que se ha evitado un fraude respecto al que, si bien no es posible efectuar una cuantificación exacta, podría alcanzar una cifra próxima a la mitad del fraude investigado.
Vía | Europa Press
En Pymes y Autónomos | La vigilancia a empresas morosas por la TGSS
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