Con la llegada de la administración electrónica parecía que las empresas que tenían que tramitar con las diferentes administraciones iban a salir ganando. Al fin y la cabo iba a ser una gran ahorro de tiempo a la hora de gestionar con ellas. Pero según han ido pasando los años y evolucionando, se ha dado un pequeño giro y se ha comenzado a trasladar obligaciones de la administración a las empresas que ahora les dan el trabajo hecho en muchos casos.
Existen múltiples ejemplos de ello. Pongamos el caso que puede afectar a muchos de nosotros, la DGT, donde para renovarnos el carnet de conducir había que pasar por la Jefatura provincial. Desde hace un tiempo basta con acudir a un centro médico para pasar la correspondiente revisión. Si está todo bien ya se encargan ellos de tramitar con tráfico directamente la renovación. Lo mismo podríamos decir a la hora de dar de baja un vehículo, que ahora se hace directamente en el centro de descontaminación, antes chatarrerías.
De esta forma la administración se ahorra gran cantidad de personal a la hora de tramitar todos estos expedientes. Sin embargo las empresas para operar han tenido que formarse en un área que no era su especialidad, contratar más personal o más cualificado, líneas de Internet o soporte informático, porque si algo no funciona, no es tan sencillo de arreglar.
Como esta administración hay otras muchas. No hay más que ver la Ley de prevención contra el blanqueo de capitales, donde gran parte de la actividad fiscalizadora del Estado se ha trasladado a las empresas a la hora de controlar los movimientos de los clientes con los que tratan. Las sanciones en caso de inclumplimiento no sólo afectarán al infractor, sino también a aquellos que tienen que aplicar medidas de seguimiento.
Y otro ejemplo podría ser el SII que llegará en Julio, donde las empresas tienen que remitir las facturas recibidas y emitidas a la administración de forma telemática en el plazo máximo de cuatro días. Muchas empresas y asesorías van a tener que empezar a dedicar más personal solo a esta cuestión. De momento sólo afecta a aquellas compañías que tienen más de seis millones de euros de facturación anual, pero no creo que tarden mucho en bajar estos límites para que cada vez sean más el número de empresas obligadas.
Con todo ello lo que se busca por una lado es ahorrar costes en la administración, en muchos casos trasladándoselos a las propias empresas. Más control, menores costes y todos contentos menos las empresas que están obligadas a pasar por el aro en este caso, asumir trabajos que no les tocarían y no quejarse mucho, no vaya a ser que venga una inspección.
En Pymes y Autónomos | Administración electrónica, el mal funcionamiento lo acaban pagando las empresas
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