Que España es un país de pymes es algo que no se le escapa a nadie. Más de tres millones de empresas en España, es decir, el 99,9% de las mismas, tienen menos de 250 trabajadores, y casi cuatro de cada diez asalariados españoles trabajan en una empresa de menos de 10 trabajadores, porcentaje solo superado por Portugal e Italia dentro de la eurozona.

Esta situación supone un grave problema para la economía española, especialmente si lo comparamos con el resto de países de nuestro entorno, pues provoca una reducción de la productividad de toda la economía, que redunda en sueldos más bajos, trabajos más inestables, una elevada tasa de desempleo y una mortalidad empresarial mucho mayor. Pero, ¿por qué hay tantas microempresas? Vamos a tratar de resumirlo en estos cinco motivos.

Los procesos concursales no funcionan

España es uno de los países con mayor mortalidad empresarial de toda la OCDE. Menos del 30 por ciento de las empresas sobreviven al quinto año de vida, y tan solo el 10 por ciento consigue mantenerse viva a los diez años. A esta mortalidad contribuyen diversos elementos, entre los que destacan la pobre legislación española en materia concursal.

Más del 90 por ciento de los concursos de acreedores acaba en quiebra, y tan solo un 10 por ciento consigue mantener viva la empresa, un hecho que se ha hecho palpable durante la crisis económica que comenzó en 2008. Los procesos concursales no funcionan en España, y mientras no nos demos cuenta de esto, no habrá segundas oportunidades para los nuevos emprendedores.

Una segunda oportunidad demasiado rígida

A diferencia de otros países, la legislación en materia de segunda oportunidad es bastante rígida. España es uno de los pocos países en los cuales se sigue penalizando el fracaso empresarial, condenando de por vida a todas aquellas personas físicas que se han endeudado para mantener en funcionamiento su negocio.

Ni siquiera la Ley de Segunda Oportunidad ha contribuido a cambiar el panorama, pues los requisitos para acceder a ella son todavía demasiado exigentes. Evidentemente, todos los acreedores querrán ver sus deudas reestablecidas, pero al menos es necesario cambiar la mentalidad y evitar que el fracaso condene de por vida a los emprendedores.

Los plazos de pago se incumplen sistemáticamente

Se trata de una de las mayores demandas de pymes y autónomos. Los plazos establecidos en las facturas se incumplen de forma sistemática, condenando a las empresas a tener que lidiar con problemas graves de liquidez que acaban siendo el paso previo a la suspensión de pagos y posterior quiebra.

Y aunque el Gobierno se ha comprometido a reducir esta cifra tan alarmante, ni la Ley de Morosidad ni el plan de pago a proveedores han servido para cambiar las cosas. Y no digamos ya el esperado IVA de caja, que parecía la panacea para reducir los dilatados plazos de pago y que, finalmente, ha resultado ser un rotundo fracaso.

La presión fiscal a los autónomos, un problema estructural

En campaña electoral, muchos han sido los partidos políticos los que han incidido en la necesidad de rebajar los costes fiscales y de cotizaciones sociales a los autónomos. Unas promesas que, poco después, se han quedado, como casi siempre, en agua de borrajas. España soporta los costes laborales más altos de toda la Unión Europea, y son los autónomos los que más sufren esta presión fiscal desproporcionada.

Aunque la tarifa plana ha tratado de reducir en parte esta presión, son muchos los autónomos con ingresos reducidos que no pueden crecer por falta de capacidad económica y liquidez. Urge una reforma en profundidad del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con el objetivo de acercar la cuota mensual de la Seguridad Social a los ingresos reales del trabajador para reducir, de esta manera, las cotizaciones sociales de aquellos trabajadores con rentas más bajas.

Una legislación laboral poco flexible

La legislación en materia laboral es otro de los escollos con los que se encuentran las empresas. España es, junto a Polonia, líder europeo en contratación temporal como consecuencia de un mercado laboral dual que sobreprotege a algunos trabajadores y no defiende los intereses del resto de trabajadores.

A esta injusta situación contribuye uno de los costes de despido más altos de toda la Unión Europea, una maraña contractual difícil de comprender hasta para los más expertos abogados laboralistas, un marco de negociación colectiva insuficiente y la nula capacidad de adaptación de la legislación a las necesidades de las pymes y los autónomos.

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