Si analizamos la labor de algunas organizaciones profesionales, como es el caso de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), algunas veces se confunde la defensa de los intereses profesionales con el más puro aprovechamiento de una posición de privilegio que se nutre a costa de las actividades profesionales que desarrollan otros.
Este es el caso de un pequeño empresario balear, del sector de la restauración de obras de arte, que ha recibido en su domicilio una carta de la propia SGAE por la que le reclama el pago de sus honorarios, cuando no procede su cobro por el desarrollo de este tipo de actividad.
Lo que ha sucedido en esta ocasión es un error de tomo y lomo, inducido por una paupérrima investigación por parte de dicha organización, que ha derivado en una misiva de carácter desafiante y totalmente infundada, tal y como si se actuara de pleno derecho, demostrando una vez más su fin coercitivo o oneroso que se nutre a costa de otros.
A pesar de la crisis económica no ha crecido mucho el enfado de los profesionales respecto a este abuso, pero más pronto que tarde se manifestará porque está afectando a la estructura de costes de muchos negocios, y actualmente está haciendo más daño que nunca al sumarse a las dificultades propias de la coyuntura económica.
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