Más de un 25% de desempleo, un déficit público que no solo no se reduce si no que sigue aumentando y unas perspectivas de crecimiento económico negativas para este año hacen que el año 2013 no vaya a ser un buen año para las pequeñas empresas ni para los autónomos.
Sin embargo, si bien el entorno económico afecta (y de qué manera) a las perspectivas empresariales, no menos cierto es que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas en su día a día es el de su financiación. Relegar este problema a un cajón durante el primer año de legislatura del Partido Popular ha agravado el problema pero, por fin, parece que el Gobierno va a ponerse finalmente manos a la obra.
Que el 80% de la financiación del circulante provenga de entidades bancarias dice mucho de las empresas españolas. La dependencia de la financiación bancaria es algo que no tiene parangón en Europa, y hace necesario una reforma para que las empresas tengan vías alternativas de financiación a las que recurrir en el caso de que las entidades financieras no puedan ofrecer todo el crédito necesario.
Esta falta de crédito afecta de forma muy negativa a la liquidez de las empresas, haciendo que tengan que hacer verdaderos malabares para mantener su solvencia. La idea del Gobierno es, por fin, la que marca el sentido común y, ahora que las evidencias de que el crédito va a tardar en fluir, se ha puesto manos a la obra para tratar de solventar el problema.
El Gobierno ha pedido ayuda urgente a algunas de las instituciones que tienen que decir algo en el acceso al crédito, como la patronal de los bancos o las instituciones de inversión colectiva. Pero no servirá de nada la petición de ayuda si no se les garantiza a estos inversores una estabilidad jurídica y un marco fiscal aceptable que les permita financiar las empresas con una cierta seguridad.
Y soy consciente de que fomentar la inversión empresarial ha de hacerse mediante medidas impopulares pero, a la vez, necesarias. Las pymes son quienes han de sacarnos de la crisis y el actual escenario requiere reformas urgentes y que proporcionen resultados rápidos. Si el Gobierno es capaz de garantizar un marco jurídico estable para la inversión, será sin duda una buena noticia. Es demasiado tarde y conviene no esperar ni un minuto más.
En Pymes y Autónomos | España no es país para autónomos
Imagen | Antonio Tajuelo