Con la aprobación de las nuevas medidas anti-fraude ha vuelto a quedar claro que el Gobierno se siente más comprometido con la persecución de autónomos y pymes y su control del fraude antes que afrontar la búsqueda de los grandes defraudadores.
Para ello diseña una estrategia que dificulta la actividad de este colectivo ante la sospecha de que algunos de ellos puedan cometer fraude fiscal pero no mide por el mismo rasero a las grandes empresas. Todo ello sin tener en cuenta que la estimación del fraude anual en España es de 85.000 millones de euros, de los cuales apenas el 20% se deriva de actuaciones ilícitas de pequeños empresarios y el resto corresponde a las grandes compañías.
Ya he manifestado mi opinión sobre la limitación de pagos en efectivo, que sólo se aplica a las operaciones en las que intervengan empresarios autónomos y profesionales. Como si las grandes empresas fueran ajenas a este tipo de actividades.
Sobre la nueva normativa que afecta al sistema de módulos, se vuelve a poner el acento sobre el autónomo que supuestamente emite facturas falsas, pero no sobre la empresa que se beneficia de ellas, muchas veces las grandes empresas son las que utilizan “servicios” subcontratados para “rebajar” su factura fiscal. Esta nueva legislación “expulsa” al autónomo del sistema de módulos en determinadas circunstancias que pueden resultar sospechosas, pero no ciertas.
En ambos casos no se persigue el fraude, eso se hace intensificando las inspecciones y descubriendo a quien realmente lo conoce, sino que se ponen obstáculos a la actividad con la esperanza (incierta) de que con eso los defraudadores depongan su actitud.
O sea, que por unos pocos pagan todos. Pagan teniendo que asumir unos costes financieros mayores por tener que hacer frente a gastos y comisiones en medios de pago que han de utilizar obligatoriamente. También pagan los que están en módulos y no emiten facturas falsas pero su negocio tiene una mayoría de clientes que son empresas o autónomos y eso implica que pueden verse obligados a dejar los módulos y pasarse a estimación directa.
En resumen, mayor control y más obstáculos para los “sospechosos habituales” sean o no culpables. Los otros, los que hacen mayor daño a los ingresos del Estado puede seguir campando a sus anchas y, si les apetece, acogerse a la amnistía fiscal.
En Pymes y Autónomos | El Plan de Lucha contra el Fraude aumenta el control de las actividades en módulos y toma otras medidas
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