Si, es cierto que hace poco venció una norma encaminada a facilitar la legalización de contratos, pero el estímulo ha parecido en muchos casos insuficiente. No puedo hablar de generalidades pues este tipo de "contratos" se encuentran en las tinieblas y no existen estadísticas reales, pero en los últimos meses he podido comprobar cómo actúan algunas de estas empresas.
Vamos a centrarnos en un caso concreto, totalmente real, para ver la situación desde un prisma poco difuso. Una clínica veterinaria, puntera en la zona, lleva años contando con un cuerpo de auxiliares veterinarios sin contrato. En su mayoría son estudiantes de veterinaria de último año que han entrado por las promesas de ganar experiencia durante los fines de semana, aceptando condiciones realmente abusivas. ¿Hubo reacción ante la ley contra el empleo sumergido?
El caso de la clínica
Vamos a profundizar un poco más para mirar solo a una de las auxiliares. Entró para ganar experiencia y con el poco dinero ganado, ayudar a pagar sus gastos y los estudios. Pese a comenzar haciendo trabajos de auxiliar, poco a poco le encomiendan otro tipo de labores como venta en la tienda, facturación, recepción telefónica... igualmente sus horas en la clínica se prolongaron poco a poco.
Esta persona trabaja bajo una gran saturación debido a la poca concreción de su puesto (ya que oficialmente ni siquiera existe), e incluso termina realizando labores propias de un veterinario titulado en intervenciones quirúrgicas. La clínica sigue jugando con fuego. Pese a esto, la experiencia ganada es mínima comparada con el esfuerzo realizado y la mínima remuneración.
Con la entrada de la ley contra el empleo sumergido, la empresa no realizó movimientos bruscos. Simplemente fue diciendo una a una a las auxiliares que dejaran sus puestos, que seguramente las volverían a llamar. De esta manera nadie denunció la situación, seguramente por la deuda psicológica generada por el empleador, al hacer ver el contrato como "un favor".
La auxiliar de la que hablamos, sin embargo, permanece sin contrato y como hay menos auxiliares, su estrés continúa en aumento. El empresario ha rebajado gastos en negro, aunque continúa realizando ingresos en esta "modalidad" (diga lo que se diga es algo tristemente habitual en estos negocios). Como los auxiliares manejaban la caja lo sabían perfectamente.
En este momento quiero recordar que hablamos de una clínica puntera, con buenas cifras de facturación y que cuenta con el material más moderno. El trabajador sigue confiando en la buena fe del empresario pese a las claras señales.
¿Hubo una buena solución para el empleado?
El empleador quiere mantener la situación todo lo posible y le promete un contrato a la auxiliar, pero lo va retrasando semana a semana hasta que pasa la fecha límite de la normativa de regularización.
Finalmente le ofrecen un contrato que resulta difícil de aceptar: trabajar una hora más pero cobrando menos, ya que descontarían la seguridad social de lo que antes le pagaban. Es decir, si antes era una miseria ahora es un auténtico despropósito, aunque enmascarado por un "ojalá pudiéramos ofrecer más".
Estoy seguro de que este caso tiene su réplica en otras muchas empresas y sectores. Empresarios sin escrúpulos que juegan con fuego e ignoran las normativas pues solo saben trabajar de una manera: al límite. Con este artículo no pretendo describir la generalidad de las clínicas sino un caso concreto que nos invite a la reflexión.
Muchas personas viven con dificultades económicas, no hablo ya de este caso. La desesperación puede obligarles a aceptar contratos aunque sea bajo condiciones abusivas y remuneraciones ínfimas.
¿El pago de la seguridad social es el verdadero problema? Seguramente es un coste que no todas las empresas puedan asumir, pero creo que en el fondo el gran problema es el abuso de la confianza, o el exceso de ella en el caso de algunos trabajadores.
Y esto puede darse con contratos en negro o en blanco... de hecho lo vemos todos los días. Si muchas no pagaban la SS, ahora tampoco, así que "liberan" a dichos empleados en negro por el miedo a las nuevas penalizaciones. El trabajo lo cargan los empleados "legales" y la empresa, o el empresario, incluso se ahorra unos euros.
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